1. Actualmente, por causa del estado de excepción en el que se encuentra el país, se encuentra suspendida -mientras dure esta medida- la atención al público de los juzgados y tribunales de la Función Judicial (Resolución 031-2020, del Consejo de la Judicatura). Se exceptúan de esta suspensión los asuntos de flagrancia en materia penal, violencia familiar, tránsito e infracciones de adolescentes.
2. Asimismo, por esta paralización, la Corte Nacional dictó la resolución 04-2020, que dispuso que en todos los procesos judiciales los plazos y términos se suspendan mientras dure el estado de excepción, salvo en los casos donde se procesan delitos flagrantes.
3. En el caso de los arbitrajes locales las antedichas medidas también tienen incidencia. Por ejemplo, si los arbitrajes son administrados por un centro de arbitraje, dicha entidad es la que, por regla general puede disponer que se suspenda la atención a los usuarios en sus instalaciones físicas, como de hecho ha ocurrido con varios centros de arbitraje a nivel nacional. Sin embargo, lo anterior no impide que los arbitrajes que administra ese centro se continúen sustanciando porque, siendo el arbitraje de naturaleza convencional, las partes pueden -de mutuo acuerdo- decidir, en definitiva, si las diligencias respectivas se las lleva a cabo en otro lugar (o a través de videoconferencias, por ejemplo). El artículo 35 de la Ley de Arbitraje y Mediación al respecto dice:

“El Tribunal competente podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos o las partes y para examinar cosas, lugares, evidencias o documentos.

Estas diligencias deberán ser notificadas a las partes, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.”