Covid-19. Nuevas disposiciones en el ámbito societario
1. Sobre la presentación de balances e informes anuales
La Resolución del 15 de abril de 2020 extiende por un mes, hasta el 30 de junio de 2020, el plazo para la presentación del balance general anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, informe del administrador y demás órganos de fiscalización y la nómina de administradores y socios.
Si luego del 30 de junio de 2020 la documentación estuviere incompleta o careciere de la aprobación de la junta general ordinaria de accionistas, se impondrá una multa, sujeta al criterio del Superintendente, que podrá repetirse hasta la entrega de la documentación en la forma exigida. El total de las multas no podrá superar, en ningún caso, la suma de 12 salarios básicos unificados.
La resolución no afecta la obligación legal de que las juntas generales ordinarias (que deciden sobre las cuentas, el balance e informes mencionados y la distribución de los beneficios sociales) se debieron celebrar dentro de los tres primeros meses del año, pero, al extender el plazo para la remisión de la documentación respectiva, en la práctica podrán celebrarse esas juntas hasta antes del 30 de junio de 2020, sin que se genere una multa. Nuestra recomendación es que tales juntas ordinarias se celebren con la suficiente anticipación previo al vencimiento del plazo de la prórroga (por medios telemáticos), para cumplir oportunamente con la entrega de la información.
2. Sobre el pago de la contribución anual
La Resolución de 15 de abril de 2020 establece que, por única vez y sin trámite previo, las compañías podrán pagar la contribución del ejercicio fiscal 2019 en dos cuotas:
• 50% hasta el 30 de septiembre de 2020
• 50% restante, hasta el 31 de diciembre de 2020. Luego de esta fecha aplicará un recargo y la Superintendencia podrá recaudar el valor de la contribución, más intereses – el máximo convencional permitido por Ley – y multas por vía coactiva.
3. Sobre los plazos y términos administrativos
La Resolución de 16 de abril de 2020 prorrogó hasta el 17 de mayo de 2020, inclusive, la suspensión de los plazos y términos en todos los procesos administrativos, coactivos, tributarios y de prescripción de acciones de cobro, y en general, de todo proceso cuya sustanciación sea inherente a la competencia de la Superintendencia de Compañías.
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