El artículo 30 del Código Civil ecuatoriano se refiere a la fuerza mayor como aquel “imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”. Tres son entonces las características necesarias para que un evento sea considerado de fuerza mayor: i) ajeno a la voluntad de la parte obligada; ii) imprevisto (es decir, que no sea ordinariamente posible calcular su ocurrencia); e, iii) irresistible o insuperable.

La propia declaratoria del estado de excepción (D.E. 1017) se funda en la existencia de “calamidad pública”, que califica como fuerza mayor.

El principal efecto de la fuerza mayor que cabe destacar hoy es el del artículo 1574 del Código Civil según el cual “la mora causada por fuerza mayor o caso fortuito no dan lugar a indemnización de perjuicios.” Léase: quien no cumple oportunamente una obligación como consecuencia directa de fuerza mayor no debe compensación alguna de perjuicios. Si en el marco de una relación contractual, la parte deudora se ve impedida de cumplir con su obligación a tiempo (es decir, incurre en mora) a causa de un evento de fuerza mayor, la parte acreedora no puede reclamar indemnización de los perjuicios derivados de tal incumplimiento, a los que sí tuviera derecho si este se debiera a causas distintas.

Hay que insistir en que, para la ley, la liberación del deudor se produce solo si el evento de fuerza mayor fue la causa del incumplimiento y debe ser así acreditado con pruebas. La evidencia de la relación causa-efecto debe ser suficiente para convencer a un juez en el evento de un litigio. Es ahí donde radica el verdadero desafío y hacía donde debe encausarse el análisis.

Lo anterior es sin perjuicio de lo que en cada contrato las partes hayan acordado, pues la ley también permite que contractualmente se establezca reglas distintas para la fuerza mayor. Es importante, para esos casos, revisar las concretas cláusulas que se hubiese pactado.

La reflexión final es que la fuerza mayor puede constituir una seria amenaza para el acreedor y un legítimo alivio para el deudor. Dependiendo de los hechos, cada parte debe analizar los riesgos jurídicos y los impactos económicos que la declaratoria de emergencia puede causar a sus relaciones contractuales, bien entendido que la fuerza mayor no es por sí sola eximente de responsabilidad y que la misma puede estar modulada en cada contrato aisladamente. Identificar oportunamente los posibles riesgos e impactos puede ser vital para un resultado que armonice con sus intereses.